domingo, 1 de enero de 2017

DE PUNTILLAS, Y SIN PASIÓN, POR LA SENDA DE LA CONSTITUCIÓN


Escrit per Xavier Pardo

Tal dia com avui, doncs, us faré la meva primera aportació, amb una cita (de José Luís López Bulla, 2015) al respecte:

La actual seguridad social no es franquista. Con la aprobación de la Constitución Española de 1978, aquella institución y las pensiones de jubilación, dejaron de ser estatutos concedidos y pasaron a ser derechos inalienables, bienes democráticos del común, con universalidad de cobertura y de protección

Cita que, en un article que vaig escriure al diari "Menorca", comentava al final així:
En el cas que els anticonstitucionalistes (anti CE) de tota mena (els ruralistes de Fuenteovejuna, i els seus impagables aliats d' "esquerres") desballestin la CE 1978, que ens expliquin abans, per favor, què faran en arribar als articles d'aquesta llei matriu (subratllo, matriu) que obliguen als podres públics a cobrir materialment necessitats bàsiques com el règim general de la Seguridad Social, la salut, i l'atenció als disminuïts físics, elevant-los a drets per a tota la ciutadania. I que ens expliquin, també, què faran amb l'art. 50 de la CE 1978 que proclama el dret a una pensió pública per a totes les persones majors de 65 anys.

De ben segur que amb això no convenceria, si me llegixen, als furibunds anti CE 1978 del nacionalcatalanisme (com el Mas, els Pujol F., el Puigdemont, els regidors ruralistes de Berga, Vic, etc., el Turull, el Junqueras, l'Homs, i els seus companys de les CUP...); ni tampoc convenceré als anticonstitucionalistes (de qualsevol C que sigui E) que  -"per quota" demogràfica i vegetativa ens toca-  hi puguin haver en ASEC...Pero ahí queda eso...

sábado, 31 de diciembre de 2016

DEBATE SOBRE LA CONSTITUCIÓN


 Hemos pasado de una idealización global de la Transición y de la Constitución a su contrario : la descalificación total. En ASEC/ASIC pensamos que la izquierda debe ser racional y constructiva. Esto quiere decir que hemos de analizar el valor de la Constitución desde una perspectiva de izquierdas y ver cuales son las reformas que deben plantearse. Vamos a empezar por el tema la estructura territorial, que no va a ser el único. Para empezar vamos a colgar una serie de artículos que han ido apareciendo sobre el tema. 
 El blog está habilitado para los comentarios y os invitamos a ir haciéndolos en base a los artículos que van apareciendo.

EL PUNTO DE PARTIDA

TERESA FREIXES

Catedrática Derecho Constitucional UAB

La disposición de las principales fuerzas políticas españolas a explorar un proceso de reforma constitucional ha llevado a La Vanguardia a solicitar la opinión de un grupo de prestigiosos expertos constitucionalistas, con el objetivo de estudiar las posibilidades de que los cambios en la Carta Magna puedan brindar una salida dialogada a la cuestión catalana. A partir de hoy, y en sucesivas entregas durante los próximos días, los catedráticos Teresa Freixes, Xavier Arbós, Francesc de Carreras, Marc Carrillo, Javier Pérez Royo y Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ofrecerán a los lectores sus reflexiones y propuestas para afrontar uno de los retos más complejos de la democracia española: el encaje de Catalunya en España.
Hay quienes se interrogan acerca de si con una reforma constitucional se podría dar una respuesta adecuada al "conflicto catalán". De entrada, señalaré que no se trata de un "conflicto catalán", sino de un conflicto que se está produciendo en España, originado por el Gobierno de la Generalitat y la mayoría parlamentaria actual que, sin responder a una mayoría social, pretenden separar Catalunya del resto de España creando un nuevo Estado, dicen, en el marco de la Unión Europea.
Los principales argumentos que se esgrimen para "justificar" esta secesión se centran en la afirmación de que el sistema de financiación no responde a las actuales necesidades, que el autogobierno constitucionalmente previsto es insuficiente para las "aspiraciones del pueblo catalán" y que, por consiguiente, no han de ser acatadas las resoluciones de las instituciones constitucionales de resolución de conflictos, especialmente las que provienen del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Hay que señalar que algunas de estas cuestiones podrían ser resueltas en el marco de reformas legales si no se pretende romper el marco constitucionalmente previsto, como es el caso de la financiación, en el que las previsiones constitucionales son escasas, dado que insertan a Catalunya en el marco general regulado por la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). Y esto es así porque durante la elaboración de la Constitución, el grupo parlamentario de la Minoría Vasco­Catalana (así se denominaba entonces) no encontró razones para situar a Catalunya dentro del régimen especial del que gozan los "territorios forales", y esta comunidad autónoma se integró en el régimen común.
Basta con repasar los debates parlamentarios, publicados oficialmente por las Cortes Generales, para dar cumplida cuenta de ello. No es posible, pues, sin reforma de la Constitución, instaurar en Catalunya un modelo de financiación similar al de los territorios históricos del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra.
Sin reforma de la Carta Magna no es posible instaurar un modelo de financiación como el del País Vasco o Navarra
En cambio, el argumento de que las instituciones de resolución de conflictos constitucionalmente previstas no son válidas en las circunstancias actuales no es de recibo, puesto que quiere instaurar el principio de considerar ilegítimo lo legal y democráticamente establecido por la Constitución. Quienes defienden esto, considerando que la ley no puede sujetar a la democracia, han de saber que ello es contrario radicalmente a los valores y principios básicos del constitucionalismo instaurado en Europa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, que se fundamenta en el Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos. En todos estos sistemas, la democracia se ejerce dentro de los procedimientos legalmente previstos.
No aceptar estos postulados imposibilita pensar que una reforma constitucional pueda facilitar la resolución del conflicto provocado por el Govern y el Parlament, cuando adoptan resoluciones que son anuladas o suspendidas por el Tribunal Constitucional, y que se pretenden hacer efectivas en clara rebeldía contra lo decidido por un órgano jurisdiccional, como es, en toda Europa y América, el Tribunal Constitucional o las instituciones similares de control de constitucionalidad. Si no se actúa en el marco jurídico democrático previsto, nos situamos ante una estrategia de confrontación más propia del Far West (o del hace más de un siglo periclitado ancien régime) que de los países civilizados de nuestro entorno.
Si no se actúa en el marco jurídico democrático previsto, nos situamos ante una estrategia más propia del Far West
Queda, en este rápido apunte, el peliagudo asunto del denominado "derecho a decidir" o referéndum de ámbito catalán, cuya realización "sí o sí" en palabras del president, o "pactado" con
el Estado según otros, constituiría una clara vulneración del marco constitucional vigente, puesto que no está jurídicamente previsto y rompe, además, el principio básico del derecho de la Unión Europea de respeto a la integridad territorial de sus estados miembros. En este contexto, la ruptura del statu quo, para que fuera legal y legítima, precisaría que fueran previamente reformados la Constitución y el tratado de la Unión.
Se impone, pues, concretar qué cuestiones concretas se pretende reformar para determinar si ello precisa o no de reforma constitucional. Y ello sería un buen punto de partida para, al mismo tiempo, visualizar el grado de apoyo político y social que estas reformas podrían tener, pues quedaría dibujado el cuadro del diálogo, de consensos, o disensos, sobre estos temas. La determinación de estas reformas podría también constituir un ejercicio democrático de búsqueda de equilibrios, dentro del marco constitucional, o precisando si es necesaria su reforma. Es decir, permitiría clarificar si existen o no bloqueos y por parte de quién se producen. No olvidemos que los procedimientos de reforma constitucional son dos y que, aunque en la Constitución de 1978 no existen cláusulas de intangibilidad, la reforma es tanto más difícil y exige más acuerdo cuanto más espinoso resulta su objeto material

LA CONSTITUCIÓN Y EL INDEPENDENTISMO

 XAVIER ARBÓS MARÍNX. ARBÓS MARÍN, 

CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL, UB


Sabemos que el independentismo dominante no va a ceder a cambio de una reforma constitucional. Dispuesto a la secesión unilateral, aspira a un acuerdo que permita realizar un referéndum vinculante sobre la independencia durante el 2017, pero ese acuerdo es inviable. El referéndum versaría sobre la secesión de una parte del territorio del Reino de España, y eso lo prohíbe el artículo 2 de la Constitución Española (CE) al proclamar enfáticamente el carácter "indisoluble de la unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles". Por otra parte, aunque ese precepto podría ser modificado, el independentismo no tiene ninguna intención de esperar a que se produzca esa reforma. Sabe que en ningún caso va a aceptarla ni el Partido Popular, ni el PSOE ni Ciudadanos.
A ese independentismo, que goza de mayoría absoluta en el Parlamento catalán, no le puede interesar ninguna reforma constitucional. Pero tal vez haya independentistas que puedan reconsiderar su opción si la reforma constitucional ofrece mejoras para el autogobierno de Catalunya. Podemos partir de la idea de que esas mejoras tendrán que ver con la reparación de los efectos de la infausta sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Catalunya del 2006. Antes de entrar en ello, sin embargo, conviene reflexionar sobre las condiciones que pueden hacer viable la reforma constitucional.
Una reforma del texto constitucional debe proponerse renovar el consenso que le proporciona legitimidad. Y para ello debe atraer a una parte de la ciudadanía catalana que ahora apoya la secesión. Si lo que se pretende a medio plazo es que la reforma constitucional sume apoyos en Catalunya, hay que hacer, a corto plazo, una oferta convincente en la línea de mejorar el autogobierno catalán. El contenido de esa oferta tiene que decidirlo el Gobierno central, tras escuchar a los protagonistas de la vida política, económica y social de Catalunya, porque asume la responsabilidad de llevarla a cabo.
Una reforma del texto constitucional que goce de legitimidad debe atraer a una parte de los independentistas
Sin esas medidas inmediatas, generadoras de confianza, poco puede esperarse de una futura reforma constitucional. A título de ejemplo, el Gobierno central podría responder de modo claro y verificable a alguna de las famosas cuarenta y seis reivindicaciones de la Generalitat. También podría desistir de algún conflicto de competencias: era algo habitual cuando el PP o el PSOE establecían pactos parlamentarios con CiU en el Congreso de los Diputados.
Desde una mejora de la confianza pueden apuntarse contenidos para la reforma constitucional. Inevitablemente aparecerá la reclamación del reconocimiento de Catalunya como nación, que topa con grandes dificultades. Habría que entrar en el título preliminar, para que el artículo 1 se refiriera a España como "nación de naciones". Ese concepto ampara cualquier identidad nacional: la que se refiere a España como nación, la que la asume de Catalunya y la de quienes comparten ambas.
Si se trata de reconocimiento, no es necesario privar al pueblo español, en su conjunto, de su condición de titular de la soberanía nacional.
Lo más sustancial sería las modificaciones del título VIII, retocando lo relativo a financiación y competencias
Lo más sustancial se encontraría en las modificaciones del título VIII. Se tramitarían siguiendo lo dispuesto en el artículo 167 de la Constitución Española: deberían ser aprobadas por tres quintas partes del Congreso de los Diputados y la misma proporción del Senado. Habría que retocar, en el artículo 149.1, todo lo relativo a la competencia exclusiva del Estado para dictar normas básicas. Debería fijarse, caso por caso, que lo básico se ciñe al establecimiento de marcos comunes, lo suficientemente amplios como para permitir que puedan desarrollarse políticas autonómicas detalladas. En asuntos culturales eso es especialmente importante para Catalunya. Habrá que ver si se acepta que el régimen lingüístico del sistema educativo pueda decidirse en Catalunya, garantizando el conocimiento de las dos lenguas oficiales. Y, por supuesto, habría que concretar más el sistema de financiación, quizá en el artículo 156 de la Constitución Española. El objetivo debería ser, además de mantener la solidaridad, mejorar la equidad asegurando un mínimo retorno en inversiones para las comunidades autónomas que, como Catalunya, son contribuyentes netas al reequilibrio territorial.
Todo cambio del título VIII se podría encajar en la vía que sugería Miguel Herrero de Miñón: una disposición adicional nueva que sería la quinta, específicamente referida a Catalunya. Habría que seguir también el artículo 167 de la Constitución, pero el precepto incluye un riesgo importante, porque basta una décima parte de diputados o una décima parte de senadores para provocar que
la reforma sea sometida a ratificación mediante referéndum. Y en un referéndum así, referido a una reforma para Catalunya, puede imaginarse la fuerza del rechazo que podría exhibir una campaña por el "no" impulsada por prejuicios anticatalanes.
Ahí asoma nuestra propia versión del riesgo de cualquier referéndum. Crucemos los dedos, y esperemos que haya actores políticos a la altura de las circunstancias.

¿ REFORMA PARA LA CUESTiÓN CATALANA ?

FRANCESC DE CARRERAS F. DE CARRERAS, 

CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL 


La cuestión catalana puede plantearse desde dos puntos de vista: desde el catalanismo político clásico y desde las exigencias actuales de los partidos nacionalistas. Veamos uno y otro.
El catalanismo político pretendía básicamente tres objetivos: un poder político autónomo dotado de amplias competencias; considerar al catalán como lengua oficial, en igualdad de condiciones con el castellano; y una protección especial a la cultura, debido a esta peculiaridad idiomática. Estos objetivos se alcanzaron sobradamente en los años ochenta, tras la Constitución y el Estatuto. Y se alcanzaron porque eran razonables: o bien estaban basados en hechos objetivos (la lengua catalana y la cultura derivada de la misma), o bien respondían a un deseo ampliamente compartido (un poder político autónomo). La fuerza de este catalanismo político, con vocación de transversalidad, se basaba en un extendido consenso social e ideológico.
Sin embargo, la Generalitat estatutaria, desde sus comienzos, estuvo gobernada por CiU, un partido nacionalista con el fuerte liderazgo carismático de Jordi Pujol. Este partido y este líder, aunque lo ocultaban, no estaban en la línea del catalanismo político que hemos señalado sino que eran nacionalistas y sus intenciones eran otras: utilizar la Generalitat como instrumento para crear un grado de conciencia nacional que permitiera, cuando la ocasión fuera propicia, separarse de España y crear un Estado independiente.
El "proceso" no parte del 2012, tras la manifestación del 11 de septiembre, sino de 1980, tras la elección de Pujol como presidente de la Generalitat. Ahí comenzó la construcción nacional de Catalunya, entonces se empezó a fer país desde las instituciones, es decir, a influir decisivamente en las conciencias individuales con la finalidad de crear las condiciones para que una mayoría de catalanes rompieran sus vínculos emocionales con España y decidieran separarse de ella.
Las mejoras en el texto constitucional deben ser muy pocas, generales para todos y no sólo para Catalunya
En estos 32 años se desarrolló una agenda oculta basada en varios factores, entre ellos: dividir a los ciudadanos en catalanistas y españolistas, en buenos y malos catalanes; considerar que toda crítica al nacionalismo catalán era un ataque a Catalunya, así como también que España (denominada Estado español) es un ente exterior y opresor de los catalanes, causa de todos los males; entender que sólo el catalán es nuestra lengua propia, relegando a mera lengua oficial al castellano, impuesta por ser la del Estado; calificar los poderes de la Generalitat como insuficientes y aceptar el Estatuto sólo como un instrumento para la construcción nacional, utilizando para ello la lengua, la enseñanza y los medios de comunicación.
Con el tiempo, bajo este adoctrinamiento, muchos catalanes se creyeron el falso cálculo de las balanzas fiscales con las que se pretendía demostrar que España nos roba y, en los duros años de la crisis económica, también creyeron que España era un Estado en quiebra y que formar parte del mismo era la causa de todos nuestros males. A partir del 2010, las consignas cambiaron: soberanía, derecho a decidir, independencia, ruptura, desconexión. Esto es lo que hoy llamamos "cuestión catalana". Sin embargo, a pesar de todo ello, en las elecciones el independentismo no ha sido nunca mayoritario aunque sus partidarios siguen hablando en nombre de Catalunya.
La cuestión catalana actual no se resuelve con una reforma de la Carta Magna, sino con la derrota del nacionalismo
¿Puede una reforma constitucional solucionar este conflicto? Los independentistas convencidos no creo que cambien de parecer por una mera reforma constitucional. Una constitución es una norma general para todos, no puede hacer excepciones que no sean razonables y éstas (autonomía, lengua, cultura), como hemos visto, ya están desde el principio en nuestra Constitución. Sin embargo, quizás el Estado de las autonomías en su conjunto funcionaría mejor si se introdujeran algunas modificaciones en el texto constitucional, en realidad muy pocas, generales para todos y no específicas para Catalunya. Otros cambios necesarios   financiación, integración en el Estado, colaboración entre Administraciones   no precisan necesariamente reformas constitucionales, bastarían cambios legales y de prácticas políticas.
Esta mejora del conjunto, en un Estado que no funciona mal, quitaría argumentos a los partidarios de la independencia y haría reflexionar a quienes mantienen dudas. Pero, sobre todo, lo que debería hacerse es replicar con datos y argumentos las mentiras y falsedades a favor de la independencia, exponer con claridad la situación en que quedaría Catalunya tras la misma y convencer a los catalanes de las muchas ventajas que nos supone pertenecer a España y a la UE, de la que quedaríamos excluidos.
Reformemos la Constitución en lo que sea necesario para que funcionen mejor las instituciones españolas pero no para complacer a unos partidarios de la independencia que sólo quedarán satisfechos si la consiguen. La cuestión catalana actual no se resuelve con una reforma de la Constitución, sino con una derrota del nacionalismo en las urnas.

EL AUTOGOBIERNO ES EL RESULTADO DE UN PACTO ENTRE LOS PARLAMENTARIOS DE LA NACIONAL Y EL ESTADO Y DE UN REFERÉNDUM


XAVIER CERVERA

La garantía a favor de la nacionalidad se traduce en que, en todo caso, el texto del todavía proyecto de Estatuto tiene que ser aprobado en referéndum por los ciudadanos destinatarios de este. La última palabra para la entrada en vigor del Estatuto la tienen los ciudadanos de la nacionalidad.
La Constitución Territorial es, pues, la suma de un pacto entre el Parlamento de la nacionalidad y el Parlamento del Estado y de un referéndum de la población destinataria de dicho pacto. Es mediante la combinación de la democracia representativa, pacto entre Parlamentos, y la democracia directa, referéndum ciudadano, como el constituyente quiso que se interpretara la Constitución para hacer posible el ejercicio del derecho a la autonomía de las nacionalidades. Esta Constitución Territorial se respetó escrupulosamente en el proceso estatutario catalán de 1979/1980 y se volvió a respetar escrupulosamente en el proceso estatutario derivado de la reforma del Estatuto de 2006.
La sentencia del 2010 sobre el Estatuto dejó sin efecto las garantías en que descansa la Constitución de 1978
El proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía fue aprobado en el Parlament con una mayoría superior a la de dos tercios exigida por el Estatuto de 1979, fue remitido a las Cortes, en las que hubo una negociación muy intensa entre la Comisión Constitucional y la Delegación del Parlament y fue sometido a referéndum.
Debe subrayarse que el control de constitucionalidad que hizo la Comisión Constitucional fue muy intenso. Tanto que Esquerra Republicana consideró que se había desnaturalizado el texto aprobado en el Parlament y propugnó el no, coincidiendo con el Partido Popular, en el referéndum
final. En todos los pasos se respetó no sólo la letra sino también el espíritu de la Constitución Territorial.
Esta interpretación constitucional sería anulada por la STC 31/2010, en la que el Tribunal Constitucional desautorizaría el pacto entre el Parlament y las Cortes Generales y quitaría la última palabra pronunciada por los ciudadanos en referéndum. El Estatuto no sería a partir de ese momento un resultado del pacto y del referéndum, sino de la voluntad unilateral de un órgano del Estado. De esta manera, el Constitucional dejaba sin efecto las dos garantías en que descansa la Constitución Territorial de 1978. Lo que el constituyente había pretendido evitar que se produjera se acabó produciendo.


Esta es la razón por la que en Catalunya no hay Constitución Territorial y por la que carecemos de una forma jurídicamente ordenada para resolver la integración de Catalunya en el Estado. Ya no es posible siquiera la vía de la reforma de la Constitución. Ya no es posible volver a dar vida a la "doble garantía" de 1978. La Constitución Territorial tiene que ser sustituida por otra distinta. La reforma ya no es posible.

Entradas populares

Follow by Email

Translate