Escrito por Miguel Candel
El llamado 'derecho a decidir' es una
expresión ambigua (y, en el fondo, redundante, pues todo derecho
implica algún tipo de decisión) con la que los partidarios de la
secesión de Cataluña tratan de captar la benevolencia de personas
que inicialmente no están a favor de dicha secesión para, a partir
de ahí, lograr su apoyo a la celebración de un referéndum
vinculante que sancione la ruptura con el resto de España.
Lamentablemente, muchos sectores de la izquierda, de dentro y fuera
de Cataluña, han caído en esa trampa (no entramos a valorar si de
buena fe o por cálculo político). La actitud de buena fe al
respecto se basa, de entrada, en la confusión entre democracia y
voto, lo cual constituye un error: en un Estado democrático no todo
se puede votar siempre, pues hay leyes fundamentales (las
constituciones) que, una vez aprobadas (obviamente, mediante una
votación), marcan unos límites o cauces por los que debe discurrir
la acción política, sin que ésta pueda entrar en contradicción
con aquellas leyes fundamentales (los propios secesionistas tienen
esto muy claro: basta leer el proyecto de constitución catalana
elaborado por el ex-juez Vidal, así como las recientes resoluciones
aprobadas por el Parlament de Catalunya de cara a la llamada
'desconexión'). Las constituciones, por supuesto, no son entidades
eternas e inmutables, sino que pueden modificarse; pero sólo
mediante los mecanismos que ellas mismas establecen, a fin de
garantizar un mínimo de estabilidad y de seguridad jurídica a los
miembros de la comunidad política. En el caso que nos ocupa, la
constitución española vigente, al definir como soberano al pueblo
español en su conjunto, impide cualquier decisión unilateral de una
parte de dicho pueblo que afecte al resto, algo que obviamente
ocurriría en el caso de una secesión unilateral. El segundo
argumento con el que los secesionistas intentan (y, en muchos casos,
consiguen) ganar para su causa a los inicialmente contrarios a la
secesión consiste en dar a entender que, votando en un referéndum
vinculante, los antisecesionistas podrían seguramente zanjar de una
vez por todas el asunto y poner punto final al movimiento
secesionista. Esto constituye otro error, pues una vez se aceptara la
celebración de un primer referéndum de esas características, aun
cuando los secesionistas lo perdieran (cosa probable, pero no segura,
dado su control de las instituciones catalanas y de muchos y
poderosos medios de comunicación, empezando por TV3, diversas
emisoras de radio y periódicos impresos o digitales), ese mecanismo
quedaría legitimado y los secesionistas recurrirían una y otra vez
a él hasta lograr la victoria. En el mejor de los casos, y aunque
esto último no llegara a ocurrir, el llamado 'procés' se
prolongaría indefinidamente en el tiempo, con las nefastas
consecuencias de polarización política en torno a cuestiones
identitarias y relegamiento de las cuestiones sociales fundamentales
que venimos experimentando desde hace cuatro años.
Por todo ello y porque como personas de
izquierdas consideramos negativo todo aquello que divida a los
trabajadores, aspirando como aspiramos a que su unión trascienda
incluso las fronteras actuales, rechazamos la engañosa consigna del
'derecho a decidir', que en la coyuntura actual lleva
indefectiblemente a las negativas consecuencias que acabamos de
señalar.
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