1. Cataluña después
del catalanismo
Apuntes
para un nuevo proyecto político:
Desde
finales del franquismo hasta el inicio del proceso separatista, la
política catalana se ha desarrollado bajo un consenso general en
torno al llamado "catalanismo político". Se ha tratado de
un acuerdo tácito en el que han participado la gran mayoría de las
fuerzas políticas y sociales; sólo el Partido Popular (antes
Alianza Popular) y Ciudadanos en los últimos años se han quedado al
margen. Este acuerdo daba por aceptadas e incuestionables algunas
premisas que en otras circunstancias habrían sido objeto de debate:
-
Cataluña es una nación.
-
Cataluña es un solo pueblo.
-
El catalán es la lengua preferente, especialmente en la enseñanza.
-
Los elementos administrativos que se
pueden asociar a España son sustituidos o alterados.
Este
catalanismo transversal todavía poco desarrollado y que podía tener
sentido en tanto que frente común durante la dictadura, tiene
continuidad con la hegemonía política que consigue el nacionalismo
en las primeras elecciones al Parlamento de Cataluña de 1980. La
izquierda, gran derrotada en estas elecciones, es incapaz de
construir un proyecto alternativo para Cataluña y termina aceptando,
acríticamente, el programa del catalanismo llevado a cabo por el
recién nacido "pujolismo". Este acuerdo tácito debería
contentar a las dos grandes corrientes políticas que se apuntan en
el eje nacional. Los nacionalistas catalanes verían reconocidos unos
principios básicos que darían personalidad política a Cataluña y
los no nacionalistas se conformarían creyendo que esta personalidad
se enmarcaría en la nueva Constitución Española de 1978. A partir
de este momento y de manera abierta pero también de manera soterrada
(hoy paciencia, mañana independencia) se pusieron las bases de la
"Reconstrucción Nacional de Cataluña". Los partidos de
izquierdas, que son los que asumen mayoritariamente la representación
de amplios sectores sociales procedentes del resto de España, no
sólo aceptan, acríticamente como decíamos antes, este proceso,
sino que colaboran en su despliegue, muchas veces de manera
entusiasta.
Por
diversas razones (el impacto de la
crisis económica y los duros recortes de Mas, la llegada de una
nueva generación de líderes a los puestos de responsabilidad,
casos como el 3%, como el del Palau, etc.), las cuales ahora y aquí
no es el lugar de analizar, en otoño de 2012 el nacionalismo, con el
inicio del proceso secesionista, rompe de hecho este consenso tácito.
Un sector importante del nacionalismo catalán entiende que el
trabajo realizado durante cuarenta años ha dado sus frutos y que ya
no necesitan mantener el compromiso de aceptación del marco de la
Constitución de 1978.
El
otoño de 2017, después de cinco años de "proceso", una
parte muy significativa de la sociedad catalana, ante la perplejidad
de los partidos de izquierda tradicionales en Cataluña, sale a la
calle y hace patente, por otro lado ―desde
el otro polo de la sensibilidad territorial―,
la aceptación de la ruptura del consenso catalanista. Las últimas
contiendas electorales, así como las diferentes encuestas de
opinión, nos muestran que la sociedad catalana está partida, en
definitiva, por la mitad y que las bases que han aguantado la
política catalana ya no sirven. Desde la izquierda, con la voluntad
de trabajar para construir sociedades justas e inclusivas, creemos
necesaria una nueva definición de aquellas premisas que deben servir
de base para conducir en esa dirección a la sociedad catalana.
2. De las
identidades
Cataluña
es una sociedad plural, tanto en el terreno cultural como también en
el terreno identitario. Establecer un perímetro identitario que se
limite a recoger la identidad de una parte de la sociedad dejando
fuera al resto de identidades de la plural Cataluña significa tratar
como anomalía la identidad de esos ciudadanos, incluida la mayor de
las anomalías: considerarlos ciudadanos sin identidad.
Presuponer
que una identidad única parcial ―también
en el sentido de la sinécdoque: aspirando a la representación de la
totalidad―
puede substituir a ese conjunto de identidades solo sería aceptable
si consiguiéramos superar el debate de identidades étnicas y pasar
a un espacio delimitado por el concepto de ciudadanía. La identidad
cívica es una identidad generada en las personas por el
hecho de vivir en un marco jurídico que garantiza un contrato social
positivo (equitativo y justo) para todos, en el que su identidad
individual/colectiva tiene cabida siempre que cumpla con los
estándares democráticos comúnmente aceptados.
La
identidad es además algo referente en primer lugar a la persona.
Pese a que un conjunto de personas pueden compartir una determinada
identidad etnocultural o etnolingüística, sería difícil que en
cada una de ellas se percibiese la misma
fórmula identitaria, porque lo habitual es que haya gran cantidad de
elementos superpuestos y un amplio conjunto de ingredientes o
variables no compartidas. La identidad es algo individual que se
materializa de forma colectiva. Se genera en relación con y por
relación a. Es decir que es el contacto habitual el que establece
una comunión de pautas y percepciones que determinan la saliencia de
un determinado aspecto de la identidad (marcador), que tiene siempre
una dimensión relacional en el sentido de realzar la diferencia
frente a personas que se adscriben a grupos humanos que difieren
precisamente en ese aspecto y no en otros. Esto se produce a través
de dos procesos típicos de la dinámica de grupos: homogeneización
intragrupal y diferenciación intergrupal.
En
consecuencia, no resulta conveniente esencializar ni sacralizar la
identidad. De una parte porque es a la vez contingente, mudable y
compuesta; de otra, porque es un producto social de la interacción
entre las varias dimensiones de la experiencia humana y de la
relación con el conjunto cada vez más amplio de personas con las
que interactuamos en este universo global y virtual. Finalmente,
establecer una identidad fija solo es posible mediante la amputación
de ciertas dimensiones y la consiguiente restricción de derechos
personales en pro de ese objetivo imposible de la pureza esencial.
Por
ello no es aceptable que desde el poder político controlado por
partidos con una ideología determinada se pueda exigir o condicionar
las identidades de los habitantes de un territorio. En este asunto
solo es democráticamente asumible una concepción laica o
aconfesional del Poder respecto a la identidad. En todo caso solo es
aceptable la pertenencia a la comunidad en cuanto que es la que
garantiza espacios de libertad, espacios de derechos y de bienestar,
y ampara todas las diferencias que no interfieran con el estatus de
ciudadanía.
3. De la
lengua en el territorio
En una
sociedad mayoritariamente bilingüe ―aunque
de forma minoritaria aparezcan hablantes de muchas más lenguas que
merecerían una consideración especial―
plantear un modelo lingüístico que prime una lengua sobre los
derechos y libertades de los ciudadanos, porque se pretende proteger
una identidad basada en la lengua y su permanencia en un territorio,
es simplemente expulsar a otros ciudadanos de un espacio de igualdad
respecto a derechos y libertades. Eso en términos de democracia no
es aceptable y además es una fuente de inestabilidad que tarde o
temprano irá en contra de las libertades, de los derechos y del
bienestar.
Cataluña
ha sido hasta ahora una sociedad que permite el aprendizaje de dos
lenguas prácticamente por ósmosis comunicacional, es decir, que,
espontáneamente, las dos lenguas mayoritarias se aprenden fácilmente
en su uso popular, bastando después el aprendizaje culto en el
sistema educativo. Las sociedades bilingües permiten así, sin gran
esfuerzo personal para el individuo ni presupuestario para la
sociedad, aprender dos códigos de comunicación de forma no
consciente y sin incidentes. Y el dominio de dos códigos
lingüísticos facilita además el aprendizaje posterior de otras
lenguas.
Desde
que se inició el proceso de construcción nacional, ese hecho fue
visto como un problema por los teóricos nacionalistas, que
emprendieron la colocación de diques que dificultaran la conjunción
lingüística, tanto en la escuela como en la vida cotidiana. Una de
las dos lenguas fue vista como un elemento hostil que dificultaba la
pervivencia de la otra lengua o al menos su posición dominante. Y en
cuanto que a la lengua se la consideraba como el pilar fundamental de
la identidad deseada, el bilingüismo ”natural” resultaba en la
práctica no deseable. El intento de romper ese aprendizaje
“osmótico” puede haber sido un éxito en aquellos lugares en los
que el dominio de la lengua pretendida como hegemónica y dominante
era mayoritario, dado que el dominio expresivo y culto de la otra
lengua quedaba en la práctica abortado. Como corolario se conseguía
que, en los lugares en los que era mayoritaria la otra lengua, la que
no debía ser dominante, su uso culto dependiera del nivel de
recursos familiares.
La
presencia institucional y administrativa de ambas lenguas en todos
los ámbitos sociales es una pieza fundamental para recuperar ese
modelo de aprendizaje de las dos lenguas. Aceptando siempre que en el
ámbito privado, el no institucional, son los ciudadanos los que
eligen las modalidades de uso de ambas lenguas, decidiendo tanto el
modo de relacionarse con su entorno como el modo de gestión de su
vida cultural o personal.
En una
sociedad bilingüe habría que establecer que la única obligación
de los ciudadanos es no forzar a otros a cambiar de lengua. Que cada
uno pueda expresarse en la lengua que considere que le va mejor según
su propio criterio. Eso puede implicar un bilingüismo pasivo, es
decir, que uno puede hablar en una lengua y su interlocutor en otra,
estableciéndose una comunicación fluida.
4. El
mundo educativo
La
educación de nuestros hijos respecto a la lengua y a los contenidos
de la enseñanza debe plantearse con el objetivo de facilitar a esos
niños el desarrollo máximo de sus capacidades, de forma que se les
den herramientas que potencien su autonomía y sus logros. Eso quiere
decir que no puede haber condicionantes ideológicos que limiten ese
desarrollo del niño. Por ello la educación deberá tener en cuenta,
al inicio del proceso escolar, tanto la lengua familiar de origen
como la situación económica de la familia, que será la manera de
garantizar, si no la igualdad de oportunidades, sí al menos la
eliminación de una parte de las desventajas de partida que tienen
los niños procedentes de entornos desfavorecidos.
La
prioridad no puede ser entonces la llamada “construcción
nacional”, que subordina el resultado escolar del niño a esa
ideología. Por todo ello es necesario tener en cuenta que los
elementos que hay que considerar en el tema identitario y lingüístico
tendrán que ver con el objetivo de que, al salir del sistema
escolar, los niños hayan alcanzado la competencia suficiente en las
dos lenguas.
Para
todo ello habrá que considerar el entorno lingüístico y social del
niño. Si el entorno es mayoritariamente catalanohablante, habrá que
dar un refuerzo que permita a los niños suplir las carencias de su
contexto social, disponiendo los medios para que el español esté
presente en el espacio educativo y, evidentemente, en el del
municipio. De manera que el número de horas de clase en español
tendrá que adaptarse a esa nueva situación, sin que ello suponga
menoscabo en lo concerniente al aprendizaje del catalán. En el caso
de un niño de un entorno familiar y geográfico castellanohablante
debería realizarse un esfuerzo similar de aprendizaje en catalán,
también con la consideración de que su competencia en español
quede igualmente garantizada.
En
ambos supuestos se debe tener presente la comunicación de los niños
con sus padres para recibir ayuda en los deberes y en las dudas que
genera el aprendizaje. Resulta injustificable interferir en las
rutinas de la comunicación familiar y privada por motivos
patrióticos, además de perjudicial, porque hacerlo afecta al
desarrollo emocional, intelectual y social (incluyendo aquí la
carrera profesional) del niño.
El
tema social debe tenerse en cuenta a la hora de distribuir recursos
económicos. Si eso debiera tenerse en cuenta incluso en el caso de
que habláramos de un territorio con una sola lengua oficial, debería
ser objeto de especial atención en el caso de una comunidad autónoma
con dos lenguas oficiales, a fin de impedir que la ecuación lengua y
clase se consolide y se convierta en una bomba de relojería
etnolingüística. Evidentemente, eso exigiría una aportación de
recursos superior en el caso de niños con entornos familiares
desfavorecidos. La idea fundamental es que el aprendizaje en general
y el de las lenguas en particular sea complementado con recursos que
permitan superar dificultades en la educación, fruto de un mayor
índice de inmigración, menor soporte escolar por parte de las
familias, menores opciones de acceso a actividades extraescolares,
etc.
5.
División administrativa / Estructura territorial
La división
administrativa ha sido uno de los caballos de batalla del catalanismo
y/o del nacionalismo catalán. El planteamiento, de tan simple, roza
el ridículo: la división provincial introducida en 1833 es sólo un
producto del jacobinismo que sustituyó la división administrativa
tradicional de Cataluña.
Debe empezar
por decirse que, desde finales de siglo XVIII, el pensamiento
ilustrado bregó por una racionalización territorial. La ocupación
napoleónica organiza un sistema de prefecturas que no respeta en
absoluto las raíces históricas. Un ejemplo: la prefectura de
Tarragona agrupaba territorio catalán, aragonés y valenciano. Era
una mala copia de la división departamental francesa.
El primer
intento no impuesto fue el de 1822, durante el trienio liberal, con
una división provincial en la que se hallan las raíces de la de
1833. Aunque no agrupaba las provincias en regiones, respetaba las
divisiones históricas.
Por lo
que respecta a Cataluña, basta dar una ojeada a la topología de la
división provincial creada en 1833 para ver que los límites no son
arbitrarios, al estilo de los trazados con regla y cartabón en
África, por ejemplo, o de los diseñados durante la ocupación
napoleónica (aunque nunca incorporada formalmente al Imperio
francés, la mayor parte de Cataluña fue dividida en departamentos;
no en prefecturas, como el resto de España). Es más, si reseguimos
el límite de la provincia de Lérida con las de Gerona, Barcelona y
parte de Tarragona, puede comprobarse que dicho límite coincide, a
grandes rasgos, con el lingüístico de las modalidades oriental y
occidental del catalán.
Con
casi 200 años de vigencia, resulta absurda la inquina nacionalista
contra la división provincial, sobre todo porque las propuestas
“veguerías” resultan más artificiales que las actuales
provincias. Por ejemplo, la supuesta veguería central, con
localidades a los dos lados del citado límite lingüístico, no
parece tener otro objetivo que el de crear un “bantustán”
nacionalista. Un enclave geográfico sin base racional, pero que
agruparía administrativamente una serie de municipios de fuerte
implantación nacionalista.
Gran
parte de la argumentación nacionalista sobre el tema se basa en la
división comarcal propuesta por Pau Vila en la década de 1930. Hay
un aspecto o rasgo muy importante a resaltar en dicha propuesta: se
respetaron escrupulosamente los límites provinciales, de tal manera
que la excepción se reduce a una, la Cerdaña. Y la causa es que
probablemente es de las pocas, o la única, comarca natural
(trasciende a la división estatal entre España y Francia). Porque
una de dos: o la división comarcal es artificial, como las
provincias a las que se ajusta, o la división provincial responde a
criterios no artificiales y por eso la comarcal las respeta. De otra
manera no se entendería la manera como cuadran una y otra.
La
división en veguerías sería por supuesto un absurdo si no
sustituyera a las provincias. Sería poco racional establecer tres
divisiones superpuestas: provincias, veguerías y comarcas. Si,
además, se quiere respetar la división comarcal existente que,
repetimos, se ciñe a los límites provinciales, la organización en
veguerías no supondría otra cosa que el fraccionamiento de las
provincias. Un sin sentido, cuando en toda Europa se tiende a la
creación de unidades territoriales de mayor tamaño. Ejemplos:
Italia ha agrupado provincias; Francia ha hecho lo propio con las
regiones, y se discute la viabilidad de unidades administrativas tan
pequeñas como los departamentos, creados en un contexto histórico
en el que el sistema de comunicaciones nada tenía que ver con el
actual.
Afortunadamente,
la persistencia de la división provincial está en manos del Estado.
La única alternativa racional a dicha división sería reducir
Cataluña a una única unidad administrativa, que se correspondería
a lo que ya empieza a ser urgente: una ley electoral con lista única
para toda la Comunidad.
Es
exigible la disolución de los consejos comarcales, simple fuente de
clientelismo, ya que permiten un control político de los municipios
por el consejo correspondiente, premiando a los “buenos” y
castigando a los “malos”. Es también urgente una ley que permita
la creación de mancomunidades para prestación de servicios basados
en criterios de racionalidad administrativa. Por ejemplo, el Área
Metropolitana de Barcelona, frente a ese fantoche que constituye la
comarca del “Barcelonés”. Tampoco hay que dejar de lado la
posibilidad de la creación de mancomunidades que vayan más allá de
los límites regionales o, incluso, estatales, al menos por lo que
hace a la prestación de servicios. Un ejemplo lo tenemos en la
Cerdaña, con un hospital transfronterizo, que sirve tanto a la parte
francesa como a la española. Un tratamiento de residuos común está
en proyecto.
Un
ejemplo futurible de mancomunidad que trascendiera los límites entre
autonomías podría ser el que, más tarde o más temprano, se le va
a plantear a Lérida, tan cercana a la raya de Aragón. No creemos
que fuera por casualidad que la primera universidad de la Corona se
creara en la capital de Poniente, como una forma de servir tanto a
Aragón como a Cataluña. Parecería que Jaime II el Justo, su
creador en 1300, tenía las cosas más claras que ciertos políticos
actuales.
Como
consecuencia de todo lo anteriormente expuesto, el
actual modelo territorial debería ser cuestionado de raíz. Todo
indica que en la práctica ha servido para introducir duplicidades y
multiplicar las oportunidades para el clientelismo respecto a los
partidos actualmente hegemónicos, además de permitir perpetuar un
sistema de partidos determinados por su presencia territorial.
El
sistema de comarcas es en este momento una traba que impide
desarrollar las potencialidades productivas de territorios que no
encajan en el modelo comarcal vigente. El caso paradigmático es la
metrópoli existente alrededor del municipio de Barcelona. Después
de la disolución de la Corporación Metropolitana de Barcelona, que
cubría un amplio espectro de necesidades de una gran urbe como es
Barcelona y su conurbación, tuvieron que crear otros entes que
suplieran las prestaciones que la CMB estaba dando. La metrópoli de
Barcelona es el mayor potencial de generación de riqueza que existe
en Cataluña y también en el resto de España, al igual que otros
ámbitos metropolitanos españoles, con Madrid a la cabeza. Esto es
así en todos los países en los que se produce un elemento de
atracción de conocimiento y de utilización más eficiente de
diversos recursos: transporte, energía, I+D+i, telecomunicaciones,
etc. Probablemente en Cataluña el hecho metropolitano solo es
aplicable a la zona de Barcelona y, en menor medida, a la de
Tarragona.
Es
necesaria una revisión global del actual modelo que permita
recuperar el concepto metropolitano sin que sea visto como un peligro
para el resto de territorios, sin que se vea sometido a filtros con
un trasfondo de miedo identitario. No se cuestiona, con el
tratamiento del hecho metropolitano, la necesaria distribución de
recursos entre ciudadanos recogida en nuestra Constitución, porque
no se pide descentralizar esa función, ya que la redistribución
solo es posible con un ente centralizado capaz de conocer las
necesidades de todo el territorio.
La
estructura territorial debe adecuarse a las realidades metropolitanas
existentes, de forma que se puedan aprovechar, en beneficio de todos,
los efectos sinérgicos de una metrópoli. Una ley debe reconocer esa
realidad como un nuevo actor político.
6.
Ley Electoral
La ley
electoral debe abandonar la actual distribución que permite que un
voto partidista sesgado suponga una alteración del mapa político.
El hecho de que la Ley electoral actual sea la vigente en toda España
nos da una idea del interés de la actual hegemonía política,
siempre interesada en establecer barreras jurídicas que nos separen
del resto de España, en que no se toque la actual situación
discriminatoria respecto a los votantes de las zonas metropolitanas.
La
justificación existente para primar la presencia de determinados
territorios, dado el tamaño de Cataluña, solo es entendible como
una mera excusa para mantener las ventajas que permite a los
nacionalistas gobernar por mayoría de escaños pese a obtener menos
votos. La justificación ―más
bien excusa―
en un territorio como el catalán podría servir también para
conseguir que la representación municipal tuviera igualmente
necesidad de poner cuotas de barrio. Imaginemos lo que pasaría si se
piensa, por ejemplo, en Singuerlin o Santa Rosa en Santa Coloma de
Gramenet.
Elaborar
una propuesta de Ley electoral realmente proporcional debería ser
entendido como una exigencia democrática, en cuanto que dificulta
que un voto primado de modo partidista pueda alterar el mapa
electoral. Ya sea mediante circunscripción única, ya
asegurando la igualdad del valor del voto a nivel provincial, habría
que buscar la forma de eliminar
tan grave carencia democrática.
7.
CONCLUSIONES
-
Desde la
izquierda, con la voluntad de trabajar para construir sociedades
justas e inclusivas, creemos necesaria una nueva definición de las
premisas que han regido la política catalana desde finales del
franquismo, que deben servir de base para conducir en esa dirección
a la sociedad catalana.
-
Solo es democráticamente asumible
una concepción laica o aconfesional del Poder respecto a la
identidad. En todo caso solo es aceptable la pertenencia a la
comunidad en cuanto que es la que garantiza espacios de libertad,
espacios de derechos y de bienestar y ampara todas las diferencias
que no interfieran con el estatus de ciudadanía.
- En
una sociedad bilingüe habría que establecer que la única
obligación de los ciudadanos es no forzar a otros a cambiar de
lengua. Que cada uno pueda expresarse en la lengua que considere que
le va mejor según su propio criterio. Eso puede implicar un
bilingüismo pasivo, es decir que uno puede hablar en una lengua y su
interlocutor en otra, estableciéndose una comunicación fluida.
- La
educación deberá tener en cuenta, al inicio del proceso escolar,
tanto la lengua familiar de origen como la situación económica de
la familia, que será la manera de garantizar, si no la igualdad de
oportunidades, sí al menos la eliminación de una parte de las
desventajas de partida que tienen los niños procedentes de contextos
desfavorecidos.
- El
actual modelo territorial debería ser cuestionado de raíz. La
estructura territorial debe adecuarse a las realidades metropolitanas
existentes, de forma que se puedan aprovechar, en beneficio de todos,
los efectos sinérgicos de una metrópoli. Una ley debe reconocer esa
realidad como un nuevo actor político.
-
Elaborar una propuesta de Ley electoral realmente proporcional
debería ser entendido como una exigencia democrática en cuanto que
dificulta que un voto primado de modo partidista pueda alterar el
mapa electoral. Ya sea mediante circunscripción única, ya
asegurando la igualdad del valor del voto a nivel provincial, habría
que buscar la forma de eliminar
tan grave carencia democrática.
ASEC/ASIC
(marzo de 2018).
